Señalados por la crisis que terminó con la renuncia de Guadalupe Taddei, los consejeros se deslindaron de las presuntas irregularidades. La respuesta se repitió una y otra vez: no sabían. ¿Entonces quién sabía?
No somos pendejos. Si dentro del INE hubo una red de corrupción —como se ha señalado—, ¿de verdad quieren que creamos que nadie se enteró? ¿Que nadie vio, escuchó o sospechó nada? Porque eso fue lo que dejaron ver los consejeros durante la conferencia de prensa: uno por uno, rechazaron conocer las presuntas irregularidades.
La reunión fue encabezada por Blanca Cruz, quien asumirá la presidencia provisional del Instituto mientras la Cámara de Diputados elige a la persona que ocupará el cargo de manera definitiva. En su mensaje inicial, Cruz anunció que revisarán los perfiles del INE para confirmar o descartar actos de corrupción y que colaborarán con las autoridades fiscalizadoras para deslindar responsabilidades.
Está bien: que investiguen. Que revisen cada perfil, cada señalamiento y cada posible responsabilidad. Pero la pregunta sigue ahí, incómoda y muy sencilla: si todo ocurrió dentro de la institución, ¿cómo es que nadie sabía nada? ¿Todos eran ajenos? ¿Todos estaban distraídos? ¿Todos resultaron ciegos justo cuando había que darse cuenta?
Las reporteras de la prensa nacional preguntaron directamente a los consejeros qué sabían sobre la presunta red de corrupción y cuál habría sido su relación con Taddei. La respuesta fue el deslinde. Ninguno reconoció conocer las irregularidades.
Y cuando todos dicen que no sabían, la explicación no alcanza. No basta con sacudirse el problema ni con repetir que cada quien estaba por su lado. Si hubo actos de corrupción, la investigación tendrá que aclarar quién los cometió, quién los permitió y si alguien tuvo conocimiento y decidió callar. Eso es lo que la gente quiere saber, no una fila de “yo no fui”.
En medio de la conferencia, la consejera Rita Bell López reiteró que recibió amenazas de personas cercanas a Taddei. También acusó a la exconsejera presidenta de generar desinformación dentro del Consejo General. Son señalamientos que deberán investigarse, pero que vuelven más urgente conocer qué pasaba al interior del Instituto.
Por ahora, la versión pública es que nadie vio nada. Pero el país no tiene por qué tragarse esa respuesta sin más. Si van a revisar los perfiles y a colaborar con las autoridades, que la investigación llegue hasta el fondo y que los resultados sean claros. Porque después de una renuncia y de acusaciones tan graves, decir “no sabíamos” no cierra el caso: apenas abre la pregunta de quién está diciendo la verdad.
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