¡280 MILLONES Y NADIE VIO NADA!
Gobierno de Marina del Pilar y ayuntamientos pagaron millones a empresas que Estados Unidos señala como parte de la red financiera de Los Mayos. Ahora prometen revisar los contratos. ¿Y los controles antes de soltar la lana?
En Baja California, los ciudadanos pagan impuestos, exigen seguridad y esperan servicios dignos. Mientras tanto, dependencias estatales y municipios entregaron más de 280 millones de pesos a empresas que después fueron sancionadas por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, según una investigación de Proceso.
¡Qué coraje! Para cobrarle al ciudadano no se les pasa una fecha, pero para revisar a quién le entregan el dinero público parece que las exigencias aflojan.
Las compañías están vinculadas al empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense como presunto operador financiero de Los Mayos. Entre sus clientes estuvieron la Fiscalía estatal, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Turismo y los ayuntamientos de Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada.
Todos esos municipios, gobernados por Morena.
LA FISCALÍA SOLTÓ LA MAYOR TAJADA
De acuerdo con los datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad citados en la nota, la Fiscalía pagó más de 200 millones de pesos a Inteliproof entre 2022 y 2025 por uniformes, equipo táctico, mantenimiento y tecnología.
De 33 contratos localizados en la Plataforma Nacional de Transparencia, 19 fueron adjudicaciones directas. La Fiscalía reconoció las contrataciones, pero reservó detalles por motivos de seguridad.
Los ciudadanos merecen una explicación verificable de cómo se seleccionó a los proveedores y quién autorizó cada pago. Invocar la seguridad no resuelve las dudas sobre el manejo del presupuesto.
EL EX TAMBIÉN FUE SEÑALADO
El Tesoro estadounidense también sancionó a Carlos Alberto Torres, exesposo de Marina del Pilar, a quien atribuye haber facilitado protección política para las operaciones de Los Mayos.
Ese señalamiento no demuestra por sí mismo responsabilidad de la gobernadora, pero sí exige respuestas claras sobre los controles de su administración y las relaciones con los proveedores.
¿CON UNA CARTITA BASTABA?
En Ensenada, Wermak Publired presentó en marzo de 2026 una declaración asegurando que sus recursos tenían procedencia lícita. Seis meses después, apareció en la lista de sancionados.
La pregunta cae por su propio peso: ¿qué verificaron las autoridades además de recibir un papel firmado por la misma empresa?
Tras las sanciones, la alcaldesa Claudia Agatón vetó a las compañías señaladas y ordenó reforzar los requisitos del padrón de proveedores.
AHORA SÍ, A REVISAR
Marina del Pilar aseguró que no está sancionada y ordenó revisar los contratos. También afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie.
Bien. Que esa promesa se convierta en expedientes, resultados públicos y responsabilidades si se acreditan irregularidades.
Porque el dinero salió del bolsillo de la gente. Y la gente tiene derecho a saber quién lo recibió, cómo consiguió los contratos y qué hicieron las autoridades para vigilarlo.
Fuente: investigación de Proceso publicada el 9 de octubre de 2026.
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